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Decreto de residuos y su aplicación

Decreto de residuos y su aplicación

“Las novedades introducidas por el Real Decreto 180/2015, que afectan al ámbito nacional y autonómico, en materia de residuos, establecen un régimen muy claro respecto a los conceptos y principios, los requisitos administrativos y el marco de competencia de cada sector involucrado.”

Decreto de residuos y su aplicación

Nuevos conceptos

En esta normativa, desaparece el concepto de "residuos urbanos", definiéndose a los residuos por su origen, donde se distinguen los domésticos, los comerciales y los industriales. Las implicaciones directas de esta novedad afectan a los entes locales y a las empresas de recogida, servicios que están en manos de concesionarios.

Esto sucede porque, en virtud de la Ley 10/1998 (derogada a la fecha) los servicios que trabajaban para los entes (y por tanto responsabilidad de los contratantes) estaban obligados, a recoger y tratar todos los “residuos urbanos”. Este concepto ahora perimido, incluía a todos los procedentes de comercios, servicios oficinas y los industriales asimilables.

 

Se introducen los principios de proximidad y de autosuficiencia, en el traslado de residuos. La legislación básica restringe la facultad que tienen las comunidades autónomas para limitar el libre traslado de residuos entre ellas, únicamente a los residuos que se destinaban a la eliminación (sin importar su naturaleza) y los domésticos mezclados (es decir, los que no provenían de una recogida selectiva), que se destinasen a la valorización y que ahora se sujetarán, en todos los casos, a los principios de proximidad y autosuficiencia.

 

¿Quién debe recoger y tratar los residuos?

En función de las competencias de gestión, que están directamente relacionadas con el sitio donde se producen los residuos (hogar, comercio, sector agropecuario, industria) la clasificación de los mismos es de municipales y no municipales.

Según la Ley 22/2011, los municipios tienen la obligación de gestionar los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios y la potestad de hacerse cargo de los residuos comerciales no peligrosos y de los domésticos de origen industrial (aunque también se contempla la posibilidad de la autogestión, que debe documentarse y demostrarse adecuadamente).

 

Las entidades locales son las responsables de recoger, transportar y tratar los residuos municipales que les corresponden en la forma establecida en sus respectivas ordenanzas, dentro del marco jurídico que establece la legislación vigente.

Por exclusión de los municipales, los residuos no municipales se definen como todos aquellos cuya gestión no esté dentro de la competencia de las administraciones locales. Por tanto, son sus poseedores iniciales y/o productores, los responsables de asegurarse de que estos residuos reciban el tratamiento adecuado.

 

Para llevar a cabo esta tares, hay varias opciones: la primera es que, se efectúe el tratamiento por sí mismos, para lo cual es necesario contar con la correspondiente autorización de la persona o la entidad gestora correspondiente.

Una segunda alternativa es la de encargar el tratamiento de sus residuos a un tercero, que sea capaz de realizar operaciones de gestión de residuos, para lo cual deberá contar con los registros y permisos, que se establecen mediante la Ley de Residuos y de Suelos contaminados y el Reglamento de Residuos de Andalucía.

 

La tercera posibilidad para hacer una correcta gestión de residuos no municipales, consiste en hacer entrega de los mismos, a una empresa recogedora, entre las que se incluyen las entidades de economía social.

REDACCION/ECOTICIAS.COM