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¿Qué pasa con las balsas ilegales de Doñana?

¿Qué pasa con las balsas ilegales de Doñana?

En noviembre de 2016, WWF reveló mediante el uso de drones e imágenes de satélite el descontrolado crecimiento de las balsas de riego del entorno de Doñana, que ya suman 1.712 en total repartidas por el ámbito del Plan de la Corona Forestal.

¿Qué pasa con las balsas ilegales de Doñana?

WWF ha entregado por registro oficial en los ayuntamientos de Almonte, Rociana del Condado, Bonares, Lucena del Puerto y Moguer, información cartográfica precisa sobre la localización de las 1.712 balsas de riego presentes en el entorno de Doñana, en el ámbito del Plan Especial de la Corona Forestal. Las autoridades competentes siguen sin actuar para eliminar y restaurar estas balsas que acaparan ilegalmente el agua de Doñana, pese a que muchas de ellas han sido construidas en zonas forestales públicas despúes de la entrada en vigor de la Ley Forestal Andaluza, o se sitúan en zonas de arroyos ocupando corredores ecológicos.
En noviembre de 2016, WWF reveló mediante el uso de drones e imágenes de satélite el descontrolado crecimiento de las balsas de riego del entorno de Doñana, que ya suman 1.712 en total repartidas por el ámbito del Plan de la Corona Forestal. Según las estimaciones de WWF, al menos el 80% son ilegales, al haberse construido sin autorización o invadiendo zonas protegidas (como montes públicos o cauces públicos).
La organización ha enviado oficialmente a los alcaldes y secretarios de los ayuntamientos, toda la información cartográfica de las balsas de riego en la zona, así como un informe detallando los datos más significativos y afecciones ambientales de las balsas, para poder analizar los posibles incumplimientos de normativa urbanística municipal, y otras normativas ambientales. En el caso de las balsas que sean legalizables, pero han sido construidas sin autorización municipal, los ayuntamientos han dejado de cobrar cientos de miles de euros en licencias de obras, un agravio comparativo para el resto de ciudadanos.
Asimismo, se ha enviado copia a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y al Gobierno central, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para que como Administraciones analicen esta información, abran los correspondientes expedientes sancionadores, y procedan a la restauración del daño causado.
Entre las balsas, se destaca la gravedad de las situadas en zonas de corredores ecológicos (112 balsas), incompatible con el Plan de la Corona Forestal, o las 182 balsas transformadas en zona forestal con posterioridad a la Ley Forestal Andaluza.
Los Ayuntamientos del ámbito del Plan, la Consejería de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya tienen en sus manos la información, que será trasladada a la Fiscalía de Medio Ambiente en los próximos días. Para la organización, las autoridades tienen que actuar para que de una vez por todas se cumpla la ley, y acabe la impunidad con el robo del agua en Doñana.

WWF ha entregado por registro oficial en los ayuntamientos de Almonte, Rociana del Condado, Bonares, Lucena del Puerto y Moguer, información cartográfica precisa sobre la localización de las 1.712 balsas de riego presentes en el entorno de Doñana, en el ámbito del Plan Especial de la Corona Forestal. Las autoridades competentes siguen sin actuar para eliminar y restaurar estas balsas que acaparan ilegalmente el agua de Doñana, pese a que muchas de ellas han sido construidas en zonas forestales públicas despúes de la entrada en vigor de la Ley Forestal Andaluza, o se sitúan en zonas de arroyos ocupando corredores ecológicos.

En noviembre de 2016, WWF reveló mediante el uso de drones e imágenes de satélite el descontrolado crecimiento de las balsas de riego del entorno de Doñana, que ya suman 1.712 en total repartidas por el ámbito del Plan de la Corona Forestal. Según las estimaciones de WWF, al menos el 80% son ilegales, al haberse construido sin autorización o invadiendo zonas protegidas (como montes públicos o cauces públicos).

La organización ha enviado oficialmente a los alcaldes y secretarios de los ayuntamientos, toda la información cartográfica de las balsas de riego en la zona, así como un informe detallando los datos más significativos y afecciones ambientales de las balsas, para poder analizar los posibles incumplimientos de normativa urbanística municipal, y otras normativas ambientales. En el caso de las balsas que sean legalizables, pero han sido construidas sin autorización municipal, los ayuntamientos han dejado de cobrar cientos de miles de euros en licencias de obras, un agravio comparativo para el resto de ciudadanos.

Asimismo, se ha enviado copia a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y al Gobierno central, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para que como Administraciones analicen esta información, abran los correspondientes expedientes sancionadores, y procedan a la restauración del daño causado.

Entre las balsas, se destaca la gravedad de las situadas en zonas de corredores ecológicos (112 balsas), incompatible con el Plan de la Corona Forestal, o las 182 balsas transformadas en zona forestal con posterioridad a la Ley Forestal Andaluza.

Los Ayuntamientos del ámbito del Plan, la Consejería de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya tienen en sus manos la información, que será trasladada a la Fiscalía de Medio Ambiente en los próximos días. Para la organización, las autoridades tienen que actuar para que de una vez por todas se cumpla la ley, y acabe la impunidad con el robo del agua en Doñana.

Especial Formacion 2017/2018